WAYRANOTICIAS- A menos de una semana de que se difundiera la lista de funcionarios beneficiados con créditos del Banco Nación, el foco se trasladó al Poder Judicial Federal en Salta, donde aparecen casos con montos elevados y variaciones llamativas.
El más destacado es el de la jueza Marta Liliana Snopek, cuyo nivel de deuda pasó de $5,2 millones a más de $421 millones en apenas un mes, un salto compatible con un crédito hipotecario cercano al máximo permitido en ese momento. Según las condiciones del banco, ese financiamiento implicaría ingresos muy superiores a los registrados para su cargo, lo que abre interrogantes sobre el acceso.
Otros funcionarios presentan situaciones distintas. El fiscal general Eduardo José Villalba elevó su deuda a más de $27 millones en 2024, vinculada a financiamiento automotriz, mientras que el defensor público Matías Federico Gutiérrez Perea alcanzó los $76 millones, con préstamos de tipo prendario.
El caso ya tuvo impacto político y judicial: se presentaron denuncias en Comodoro Py y crecen los cuestionamientos sobre la transparencia en el acceso a créditos estatales. Desde el oficialismo, en tanto, sostienen que todas las operaciones se realizaron dentro del marco legal.