WAYRANOTICIAS- El gobierno de Argentina formalizó su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial durante la madrugada de este jueves.
La resolución marca el cierre del acuerdo iniciado en 1948, cuando el país se incorporó al organismo, y se produce un año después de la notificación formal realizada en marzo de 2025, en línea con los plazos establecidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Un proceso que aún debe definirse
A pesar de la oficialización, la salida no es automática. La solicitud deberá ser tratada por los países miembros durante la próxima Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo.
Desde el organismo internacional advirtieron que la decisión aún es “potencial” y requiere la validación del conjunto de Estados.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó preocupación por la medida y señaló que la retirada “representa una pérdida tanto para Argentina como para la comunidad internacional”, al tiempo que subrayó la importancia de la cooperación global en materia sanitaria.
Argumentos del Gobierno
La administración de Javier Milei justificó la decisión en cuestionamientos al rol del organismo durante la pandemia de COVID-19.
Según el Ejecutivo, las recomendaciones impulsadas en ese contexto —como las cuarentenas— tuvieron un fuerte impacto económico y social, y respondieron más a criterios políticos que científicos.
Además, el Gobierno sostiene que la OMS avanzó sobre competencias que corresponden a los Estados, afectando la soberanía en la toma de decisiones sanitarias.
Qué implica la salida
De concretarse, Argentina dejaría de participar en instancias de coordinación internacional en salud y perdería acceso a asistencia técnica y programas impulsados por la organización.
No obstante, desde la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, aseguraron que el país continuará colaborando en materia sanitaria mediante acuerdos bilaterales y mecanismos regionales.
La decisión se enmarca en una política más amplia del Gobierno orientada a revisar el rol de los organismos internacionales y redefinir la participación del país en ese ámbito.