WAYRANOTICIAS- En la antesala de una votación clave en la Cámara de Diputados, la comunidad científica argentina encendió una señal de alarma frente a la posible reforma de la Ley Nacional de Glaciares. Investigadores, instituciones académicas y especialistas internacionales advierten que el debate, lejos de centrarse en evidencia científica, quedó atravesado por intereses productivos y tensiones políticas.
El eje del conflicto es claro: minería versus conservación. Mientras sectores del oficialismo impulsan cambios que habilitarían una mayor intervención provincial sobre los territorios glaciares, científicos locales e internacionales insisten en que estos ecosistemas son reservas estratégicas de agua dulce y extremadamente vulnerables.
“La idea de minería sobre o cerca de un glaciar es compleja: son cuerpos frágiles y cualquier intervención puede generar impactos”, sostuvo el geólogo chileno José Cabello. En la misma línea, el investigador Álvaro Ayala advirtió que los glaciares del mundo están en retroceso constante: “Funcionan como reservas de agua que liberan caudal en épocas críticas, pero el calentamiento global acelera su pérdida”.
Los especialistas coinciden en un punto clave: la minería no es incompatible en términos absolutos, pero requiere evaluaciones rigurosas, monitoreo constante y una planificación integral. En un contexto de transición energética global —que demanda minerales estratégicos—, el desafío es equilibrar desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
En este escenario, el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) aparece como central. Reconocido internacionalmente, el organismo enfrenta críticas por la falta de actualización de su inventario de glaciares. Sin embargo, expertos señalan que el problema no radica en su capacidad técnica, sino en la escasez de recursos para sostener monitoreos más frecuentes y precisos.
La propuesta de reforma busca transferir mayor poder técnico a las provincias para definir la “relevancia hídrica” de los glaciares. Esto implicaría que aquellos considerados no esenciales podrían ser intervenidos o incluso sacrificados en función de proyectos productivos, principalmente mineros.
Desde el ámbito científico, la respuesta fue contundente. Organismos como la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales alertaron sobre las consecuencias que podría tener la reforma en el acceso al agua, tanto en el presente como en el futuro. También se pronunciaron universidades, redes de investigadores y grupos interdisciplinarios que denuncian falta de espacio en el debate público.
El trasfondo de la discusión es profundo: los glaciares —incluyendo los llamados glaciares de escombro— pueden aportar hasta la mitad del caudal de los ríos en períodos de sequía. En un escenario de cambio climático, su preservación no solo es ambiental, sino estratégica para la seguridad hídrica del país.
Con posiciones enfrentadas y el Congreso como escenario decisivo, la votación de mañana no solo definirá el futuro de una ley, sino también el equilibrio entre desarrollo económico y protección de uno de los recursos más críticos de la Argentina.