WAYRANOTICIAS- En una sesión marcada por la estrategia política y el respaldo de aliados clave, el oficialismo logró aprobar en la madrugada una reforma que modifica el alcance de la ley de glaciares, habilitando nuevas áreas para inversiones —principalmente mineras— y reavivando el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
Con apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales, el oficialismo alcanzó el quórum con 129 diputados presentes y consolidó su mayoría en la votación final: 137 votos a favor contra 111 en contra, tras un debate que se extendió hasta pasada la una de la mañana.
Lejos de un clima de tensión, la sesión resultó más favorable de lo esperado para el bloque libertario, que optó por una estrategia de bajo perfil: varios de sus oradores desistieron de intervenir ante la certeza de contar con los votos necesarios. “Están los votos, que se queden con los discursos”, resumió un legislador oficialista.
Uno de los momentos políticos más significativos se produjo con la presencia de Karina Milei en el recinto, horas antes de la votación, interpretada como una señal de confianza en el resultado.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para impulsar el desarrollo regional sin descuidar el ambiente. El diputado Nicolás Mayoraz sostuvo que la reforma demuestra que “la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”, al tiempo que permite potenciar economías locales.
Sin embargo, la oposición cuestionó con dureza el proyecto. Desde distintos bloques lo calificaron como “regresivo” e incluso “inconstitucional”, advirtiendo sobre el riesgo de afectar ecosistemas sensibles y reservas estratégicas de agua. También denunciaron una supuesta influencia del sector minero en la redacción de la norma.
El rechazo incluyó voces de peso como Miguel Ángel Pichetto, quien defendió la ley original sancionada en 2010, y Maximiliano Ferraro, que apuntó directamente contra gobernadores y empresas del sector. En un tono más crítico, Juan Grabois calificó la iniciativa como “una ley envenenada”, alertando sobre posibles consecuencias ambientales.
En paralelo, sectores opositores volvieron a poner en agenda el caso $LIBRA, cuestionando la falta de avances judiciales y anunciando pedidos de interpelación a funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Karina Milei y Manuel Adorni.
El núcleo del conflicto gira en torno al alcance de la reforma: mientras el oficialismo apuesta a atraer inversiones y dinamizar la economía en regiones mineras, la oposición anticipa una judicialización del tema, argumentando un posible retroceso en materia ambiental.