Tráfico de tierras en Ucayali: Fiscal seguirá investigando a pesar de las amenazas

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La mafia quiere apartarme del caso porque siente que le estoy pisando los talones. Seguiré con las investigaciones hasta llegar con los responsables”, expresó el fiscal Wilber Huamanyauri. Foto: La República.

19 setiembre de 2019 | 09: 31 AM

 La República llegó hasta Cocha Anía, una zona donde los exfuncionarios del Gobierno Regional de Ucayali otorgaron títulos de propiedad a supuestos agricultores posesionarios, pero en la zona nadie reside ni mucho menos existen sembríos. El tráfico de tierras es la principal fuente de corrupción en la selva nacional.

“No les tengo miedo a las amenazas de la mafia. La mafia quiere apartarme del caso porque siente que le estoy pisando los talones. Seguiré con las investigaciones hasta llegar con los responsables”, expresó el fiscal Wilber Huamanyauri Cornelio, la autoridad que persigue a una organización de traficantes de terrenos compuesta por exfuncionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), que otorgó títulos de propiedad sobre 3 mil 500 hectáreas a nombre de agricultores fantasmas.

Adjunto de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Coronel Portillo, Huamanyuari labora en la zona desde hace 7 años y se especializa en la persecución de traficantes de terrenos, una de las mayores fuentes de corrupción en la región de Ucayali que cuenta con la complicidad de grandes corporaciones, nacionales y extranjeras, que son las que se encargan de adquirir los predios usurpados.

La República encontró al fiscal Wilber Huamanyauri en plena disputa con la Corte Superior de Ucayali, que apeló a una leguleyada para no atender en menos de 24 horas un pedido de detención preliminar de 8 cómplices de la organización criminal de traficantes de terrenos. Como uno de los involucrados es una secretaria de la corte, las autoridades judiciales alegaron que tenían que “evaluar” el caso. Antes que se pronunciaran, la lista que había presentado el fiscal fue filtrada a los implicados, los que se han puesto a buen recaudo. En lugar de recibir el respaldo de las autoridades locales, Huamanyauri solo encuentra tropiezos, pretextos y dilaciones.

 “El caso se inició a raíz de una investigación contra el exdirector de la DRAU Isaac Huamán Pérez y otros exfuncionarios en agravio de Enriqueta Mori Loja, quien denunció que su predio había sido titulado con documentos falsos a favor de una supuesta asociación de agricultores denominada Wong, en marzo de 2018. Esto fue el hilo de la madeja para desentrañar que detrás de estas adjudicaciones había una red criminal que operaba dentro de la DRAU”, relató el fiscal Huamanyauri.

Modus operandi

“Descubrimos que Isaac Huamán no solo atentaba contra el patrimonio de los agricultores que realmente estaban en posesión, sino que había adjudicado 128 predios en un área de 3 mil 500 hectáreas en bosques intangibles, en el sector de Cocha Anía, en el centro poblado de Nueva Esperanza, en el distrito de Nueva Requena, en la provincia de Coronel Portillo”, detalló.

Foto: La República

Antes de emprender el caso de los traficantes de terrenos en complicidad de exfuncionarios del gobierno regional de Ucayali durante la gestión del expresidente Manuel Gambini Rupay (2015-2018), el fiscal Wilber Huamanyauri estaba dedicado a otros casos del crimen organizado, como el asesinato del dirigente asháninka Edwin Chota Valera a manos de traficantes de madera. Huamanyauri identificó y dispuso la detención de dos responsables, entre ellos Eurico Mapes Gomes.

Los traficantes de terrenos de áreas intangibles otorgaban títulos de propiedad a falsos agricultores o familiares que actuaban como testaferros, que luego vendían los predios a grandes compañías afincadas en la región. Estas eran las beneficiadas finales.

“Lo que llamó nuestra atención es que los 128 títulos otorgados por la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, bajo el mando de Isaac Huamán Pérez, se ejecutaron con expedientes basados en información falsa a nombre de agricultores fantasmas. Y estos beneficiarios eran familiares y amigos de los funcionarios de la DRAU”, explicó el fiscal Huamanyauri.

“Durante el periodo de 2015 a 2018, en la DRAU se había gestado una mecánica ilegal, aprovechándose de una ley del Estado que otorgaba la titulación gratuitamente de tierras a favor de los agricultores en posesión y a las comunidades nativas. Los funcionarios elaboraron los expedientes con datos inventados y fabricaban planos en las oficinas de catastro como si los terrenos estuvieran lotizados. En realidad, todo era una farsa. No había nada en esos terrenos que pertenecían a un área intangible”, apuntó el fiscal.

La República llegó hasta el sector de Cocha Anía, donde supuestamente los terrenos están bajo la posesión de agricultores, según los expedientes de la DRAU, pero en el lugar comprobamos que no había nada. No había ni una sola persona. Ni sembríos ni nada. Solo encontramos algunos terrenos devastados por el fuego.

Desde el Estado

“Es decir, Isaac Huamán tituló a personas que no estaban en posesión de los terrenos, que no tenían explotación económica, que nunca vivieron en la zona, y, lo peor, los supuestos agricultores eran fantasmas. Todo para beneficiarse con los predios y luego negociarlo con las grandes empresas extranjeras dedicadas al cultivo de palma aceitera y arroz”, precisó el fiscal Huamanyauri.

Nacido en Paucartambo, Pasco, el 30 de mayo de 1980, Wilber Huamanyauri sabía perfectamente que estaba desmontando una de las más grandes industrias del crimen organizado en la selva peruana. Así que no le sorprendió que arreciaran las advertencias y los ataques.

“Cuando empecé a tomar conocimiento de la investigación, y más aún cuando se detuvo a Isaac Huamán Pérez, y de su cómplice Christopher Hernández Larrañaga, recibí una serie de amenazas por parte de los abogados de los implicados. Me han denunciado por abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento indebido en las fiscalías penales, anticorrupción y en Control Interno del Ministerio Público. No soy el único, también han denunciado al juez Frank Tucto Santamaría, que ordenó la detención preventiva contra Huamán y Hernández”, narró el fiscal Huamanyauri.

“Hasta por demorar en entregar unas copias a las partes me denunciaron. Prácticamente durante todo el proceso de investigación he sido víctima de hostigamiento. Incluso el 25 de julio de este año, al término de una audiencia, a la salida de la sede judicial, una mujer identificada como Maritza Shelamus Vásquez me amenazó diciéndome: ‘¡Cuídese, doctor, no le vaya a pasar algo’. Inmediatamente la hice intervenir con los miembros de seguridad. Sin embargo, ella me denunció penalmente por violencia contra la mujer”, relató.

Es solo la punta de la madeja.

Autoridades de Ucayali dejan a su suerte a fiscal Huamanyauri

“He solicitado las garantías para mi integridad física ante la Prefectura de Ucayali; sin embargo, han pasado más de cuatro meses y hasta el momento no tengo respuesta alguna. Pese a ello, sigo adelante”, señaló el fiscal Wilber Huamanyauri, quien combate a las mafias de terrenos en Ucayali.

Como se sabe, Huamanyauri, conocido en Ucayali como el “fiscal José Domingo Pérez de la selva”, consiguió la detención preventiva por 18 meses contra el expresidente de la Dirección Regional de Agricultura (DRAU) Isaac Huamán Pérez, sindicado de encabezar una red criminal que adjudicó terrenos a agricultores fantasmas.

De acuerdo con cálculos de la fiscalía, el monto en juego de los predios puede superar fácilmente los 10,5 millones de soles.

El dato

Implicados. También son investigados por el caso el exjefe de Catastro Richard Almeyda Panduro y los exjefes de la Dirección de Saneamiento Físico Legal Jaime Montalván Torrejón, Paco Rivera González y Christian Wong Acho.

Fuente: La República

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